Medicamentos y bienes de salud tienen un carácter social y en ese sentido merecen un abordaje especial desde el Estado, en tanto es responsable por la garantía del Derecho a la Salud.

La responsabilidad del Estado para con los ciudadanos se materializa en sus intervenciones sociales y debe desprenderse de la lógica impuesta por el mercado.

En función de la equidad del sistema de salud en su totalidad hay bienes y servicios, como los de atención sanitaria, cuyo acceso debe estar garantizado a las personas, independientemente de su nivel de ingreso o condición social.

Estos bienes, por su carácter social, deben también tener un volumen de producción asegurado que sólo el Estado puede garantizar, ya que en las empresas privadas la rentabilidad suele orientar la producción.

Distintas instituciones públicas se encuadran en esta línea de acción.