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Se recaudaron más de 700 millones de pesos en la subasta de bienes decomisados al delito

Se subastaron todos los lotes. El dinero obtenido será destinado a resarcir a las víctimas de delito, a donaciones a instituciones, políticas de seguridad y autofinanciar la Aprad, que es un ente autárquico.

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, se hizo presente en la apertura de la subasta.

En el marco de la segunda subasta de bienes decomisados al delito de la actual gestión de gobierno, llevada a cabo esta vez en la ciudad de Santa Fe a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), se recaudaron más de $ 700 millones de pesos al venderse la totalidad de los lotes disponibles.

El dinero obtenido será destinado a resarcir a las víctimas de delitos y realizar donaciones a instituciones, políticas de seguridad y autofinanciar la Aprad, que es un ente autárquico.

La actividad se llevó a cabo este miércoles en la Estación Belgrano, y participaron más de 3.700 personas de 23 jurisdicciones del país.

Se remataron 41 vehículos (entre autos, motos y una lancha), dos inmuebles (ubicados en Funes y Roldán) y tres lotes de joyas. Todos los bienes comenzaron la puja con un valor de entre un 30% y un 40% del valor de mercado.

Los inmuebles se vendieron uno de ellos en 91 millones de pesos y el otro en 50 millones  y medio. Entre los tres lotes de joyas sumaron 39.700.000. Los lotes de vehículos más rentables fueron, el lote 3, BMW X6 en 45.000.000; el lote 23, otra BMW X6 en 36.000.000; y el lote 33 Golf GTI a 38.000.000. Por su parte, la lancha se remató en 40.000.000 millones de pesos.

En la apertura de la subasta, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, destacó que “en Santa Fe no solo se persigue a los delincuentes y se los encarcela para desestructurar las organizaciones criminales, también vamos por sus bienes. Una organización criminal que tiene recursos puede pagar los mejores profesionales para intentar zafar de la cárcel y tiene la capacidad seguir intentando manejar la calle. Con lo cual, no alcanza solamente con una pena privativa de la libertad, sino que lo que hacemos es ir por los bienes para desestructurar su poder económico”.

“Sepan las personas que cometen delitos que los bienes no se los van a quedar ni ellos, ni su familia, sino que van a ir a este tipo de subastas. Es un mensaje muy fuerte el que estamos dando al crimen organizado y a quienes creen que pueden tener impunidad”, finalizó el gobernador.

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó la importancia “como Gobierno provincial de estar realizando la subasta de bienes del delito. Es parte de una política pública que va más allá de lo económico, que implica resarcir a las víctimas de delitos y, con donaciones y afectaciones, a escuelas, clubes de barrio, vecinales”.

A través de esta subasta, la Provincia garantiza el bloqueo de dominio de los vehículos para los nuevos propietarios. De este modo, a las unidades se cambian las patentes, asignándoles un dominio totalmente diferente anulando la vinculación con el anterior titular registral. Lo mismo ocurre con los inmuebles a subastarse, para los cuales, según explicó Figueroa Escauriza “ya se generó un trámite nuevo ante el Registro de la Propiedad Inmueble, en donde vamos a bloquear a los dueños anteriores y nadie va a poder saber quiénes eran, en tanto que al nuevo comprador se le entregará una nueva matrícula en folio real electrónico, que es un sistema de registración que van a ser de cero con esta matrícula”.

Sobre la Aprad

La Aprad es la entidad del Gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Puede tratarse de autos, insumos informáticos, celulares, o joyas, entre otros elementos.

En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados o compactados. Otros elementos pueden ser entregados a entidades de beneficencia.

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