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En siete meses, Provincia compactó 1.700 vehículos incautados y en estado de abandono

Se procesaron autos y motocicletas depositados bajo custodia en predios de la Aprad. Además, ya se compactaron 400 toneladas de materiales decomisados en chatarrerías. Los procedimientos se realizan en toda la provincia.

En siete meses, Provincia compactó 1.700 vehículos incautados y en estado de abandono.

El Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Secretaría de Gestión de Registros, continúa con el proceso de compactación de vehículos incautados y en desuso. Los operativos se realizan con los autos y motos que se encuentran en los galpones de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) en las localidades de Alvear y Santo Tomé y en el Polo Tecnológico de Rosario. En tanto, se avanza en el retiro de vehículos de distintos puntos de la provincia para llevarlos a los depósitos y avanzar con los procedimientos.

Al respecto de esta política, en ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia expresó: “Estas acciones se dan en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro, que apuntan al reordenamiento, la registración y la limpieza de los espacios, con el compromiso de colaborar con el orden, cuidar el ambiente y respetar el real destino para el cual fueron pensados estos espacios”.

“Hemos trabajado muchísimo en el ordenamiento y regularización de los vehículos que estaban depositados en Aprad, con galpones totalmente abandonados. No había trazabilidad de los bienes que la Justicia mandaba a depósito, no se sabía de qué causas llegaban, ni con qué motivo”, finalizó el funcionario.

En lo que va de esta gestión, se compactaron 1.700 vehículos (autos y motos) y 400 toneladas de materiales. El proceso sigue adelante en toda la provincia y se espera llegar a 500 toneladas en los próximos meses.

La idea es actuar en cada rincón del territorio provincial para reducir la cantidad de vehículos que debido a su estado de abandono deben ser destruidos.

Al iniciar la gestión del gobernador Máximo Pullaro, existían en toda la provincia más de 30.000 vehículos en distintos depósitos, principalmente en el Polo Tecnológico de Rosario, donde había más de 1.000 unidades.

La compactación se produce luego de un relevamiento para determinar en qué condiciones se encuentran cada uno de los vehículos que están en los depósitos judiciales a cargo del Estado provincial.

De esta manera, se define si deben ser compactados, subastados, reparados o desguazados para reacondicionar móviles de seguridad, salud o desarrollo.

En los últimos días la provincia ya comenzó a relevar para poder intervenir el depósito judicial “Santa Emilia” ubicado en Elortondo, donde se encuentran más de 1300 vehículos entre autos, motos y hasta bicicletas.

Inspecciones a chatarrerías

En el caso de los materiales ferrosos y no ferrosos, son el producto de decomisos realizados en chatarrerías que son clausuradas por no poder justificar el origen de los elementos allí depositados.

Con relación al trabajo que se lleva adelante sobre chatarrerías y desarmaderos, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza dijo: “Estamos persiguiendo este tipo de robo hormiga. Estamos controlando a quienes reducen lo robado, estamos en ese eslabón de la cadena”.

“En los distintos allanamientos hemos encontrado placas de cementerio, material de la EPE, de Aguas, de empresas de telefonía, etc. Este tipo de robos son pequeños, pero afecta a la ciudadanía muchas veces dejándola durante horas, o días sin algún tipo de servicio”, puntualizó el funcionario.

Las inspecciones a chatarrerías se dan en el marco de las políticas activas que viene llevando adelante el Gobierno de la provincia con relación a la inspección de depósitos de materiales que se presumen robados o sustraídos.

La Aprad se encuentra en la órbita de la Secretaría de Gestión de Registros del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.

Todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones, son puestos a disposición de Aprad. Los bienes y efectos o su producido tienen como objetivo primordial su utilidad social.

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