El acuerdo, que tiene una vigencia de 12 meses, tiene como objetivo trabajar conjuntamente en la implementación de esta ley para fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las personas gestantes, y de los niños y niñas en sus primeros tres años de vida.
Este convenio busca facilitar y promover la cooperación, complementación e intercambio entre las partes contribuyendo al desarrollo institucional, potenciando las redes vinculares, institucionales e intersectoriales y reconociendo a las mismas como espacios para el desarrollo de procesos de transformación social en el marco de aplicación de la Ley Nacional N° 27.611 de “Atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”.
Al respecto, la ministra de Salud, Sonia Martorano, expresó que “esta ley tiene que ver con el cuidado de nuestras embarazadas, de niños y niñas en sus primeros 3 años de vida. Por eso, este acuerdo de cooperación pone en valor y trabaja con la impronta que le impone la fundación”.
“Estamos muy contentos de poder trabajar juntos en el cuidado de nuestros niños y niñas que son el futuro de nuestro país”, continuó.
En este sentido, la ministra de Salud, señaló: “Esta ley es uno de los ejes de gestión y tiene que ver con un proyecto de futuro. Trabajamos en conjunto con los ministerios de Desarrollo Social, Género y Educación de manera que es un modo de abordaje, de política de estado, donde cada niño y niña pueda tener todas las condiciones pertinentes para desarrollar todo su talento independientemente de donde nazca, donde viva y sus condiciones”.
“Es un modo de llegar a ellos, no solo con asistencia sino también con acompañamiento, educación y de esta manera despertar los talentos que cada niño y niña tiene”, concluyó Martonano.
Trabajo interinstitucional
Con este acuerdo, tanto el Ministerio de Salud como la fundación Padre Ignacio, se comprometen a implementar talleres y espacios de formación, participación y acceso a la información para mujeres, personas gestantes y sus familiares, sobre aspectos relevantes vinculados al derecho a la salud integral que constituyan los ejes priorizados por la autoridad de aplicación de la “Ley de los 1.000 días”.
Finalmente, buscarán establecer acciones de coordinación y colaboración, con el fin de promover los objetivos que defina “La Mesa de los 1.000 días” de la provincia de Santa Fe, en articulación con Unidad de Coordinación Administrativa Nacional.
