“Pusimos en común algunas cuestiones operativas para la correcta implementación del cupo y pudimos escuchar inquietudes puntuales de las representantes de las organizaciones para seguir trabajando en conjunto en relación a esta temática”, sostuvo.
Nerea Tacari, directora de Políticas de Igualdad de la Secretaría de Estado. “El cupo laboral travesti -trans es un derecho adquirido, una reparación y triunfo de las organizaciones que en conjunto con el estado servirá como una herramienta fundamental para la incorporación de las personas travesti-trans al empleo formal, en este caso en el sector público”, agregó.
Por su parte la Directora Provincial de Empleo Digno, Fernanda Medina manifestó: "Propusimos la articulación con las más de cincuenta oficinas de empleo que se encuentran a lo largo y a lo ancho de la provincia con el mismo objetivo de que operen como puntos territoriales que brinden accesibilidad y conectividad en el proceso de inscripción".
También participaron de la reunión, además de la directora provincial de Políticas de Igualdad, Nerea Tacari y la directora Provincial de Empleo Digno, Fernanda Medina; la directora provincial de Promoción de Derechos, Soledad Zalazar; la directora provincial de Empleabilidad Monica Chazarreta y la coordinadora del área de Políticas de Igualdad de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, María José Gerez.
Sobre la Ley de cupo travesti-trans
La ley N° 13902 tiene por objeto favorecer la inserción y estabilidad laboral de personas travestis, transexuales y transgénero, alentando su contratación y empleo en el sector público y privado a los fines de garantizar el derecho al trabajo. El decreto número 0951 de reglamentación de la ley, firmado por el Gobernador Omar Perotti el 7 de septiembre, estipula que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, conjuntamente con la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, dentro de la órbita de sus competencias y en base a los principios de igualdad y no discriminación y pro persona, instrumentará las políticas públicas y programas de gobierno necesarias para garantizar el cumplimiento del objetivo de la mencionada ley.