El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe, Esteban Borgonovo, se refirió este lunes a la situación de los dos fiscales provinciales denunciados por corrupción. En paralelo, el funcionario realizó aclaraciones respecto a la propuesta para integrar el directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) presentada en la Legislatura.
Sobre el primer punto, Borgonovo sostuvo que “en diciembre, cuando asumimos, el gobernador (Omar Perotti) dijo que ‘a partir de ahora el Estado estaba de un lado y el delito del otro’. Por eso nosotros, si bien estamos preocupados, celebramos que estas cosas salgan a la luz y se investiguen. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables tengan las sanciones que corresponden”.
“Habrá que llegar a fondo”, sentenció el funcionario, y añadió: “Lo que sí está claro es que este nuevo sistema, más allá del problema de la corrupción, necesita algunos retoques porque no hubo alertas tempranas, no hubo resortes, no hubo mecanismos que pudieran actuar a tiempo”.
“Estamos ante un hecho de corrupción. Cualquiera que sea responsable de un hecho de este tipo, no puede estar en la función pública”, puntualizó.
ENRESS
En otro orden, sobre la presentación realizada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura para integrar el directorio del Enress, el ministro de Gobierno afirmó: “Me sorprende que haya generado polémica el envío porque es cumplir con la ley. La historia anterior debería haber generado polémica”.
Y puntualizó: “Hay un reclamo administrativo que la gestión anterior no responde y se inicia un juicio de amparo por mora que la provincia pierde. Y dice al tribunal interviniente que lo estaban elevando a la Legislatura. Eso no sucedió. Nosotros cumplimos con la ley y mandamos el pliego a la Legislatura. La propuesta que hace el gremio se ajusta a la ley”.
Para cerrar, Borgonovo remarcó que “junto con el pliego enviamos un mensaje para modificar la ley, cambiar la metodología y evitar que esto ocurra en el futuro, y que el director en representación de los trabajadores sea designado por el gobernador. La evaluación política está ahora en la Legislatura; ahí tienen la última palabra de aceptar o no este pliego”.
