Gobierno de Santa Fe

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró este martes en Santo Tomé, el predio de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Se trata de un espacio con depósito cerrado de 5 mil metros cuadrados, al cual se derivan los bienes secuestrados por la Justicia Penal para su conservación y disposición. Allí se concentran todos los efectos incautados en el centro norte de la provincia, tal como se hace en el sur santafesino, en la localidad de Alvear.

"Este es un nuevo paso adelante que damos en materia de Justicia, de reparación del daño que producen las organizaciones delictivas en la sociedad en general y en las víctimas directas en particular", dijo el gobernador.

"Estas instalaciones serán útiles para preservar adecuadamente los bienes decomisados a organizaciones delictivas, para que mantengan su valor y posteriormente, en subastas públicas y transparentes, podamos recuperar en parte el valor de lo secuestrado. Al devolverlos a la sociedad, a las propias víctimas, a instituciones de bien público u organismos que realizan tareas de servicio social, generamos un concepto avanzado de justicia restaurativa: ya no solamente lo que nos exigen los ciudadanos, que es detener y sancionar penalmente a los responsables de delitos, encarcelarlos y que cumplan su pena, sino resarcir a las víctimas y a la sociedad en su conjunto del daño producido por los delincuentes y organizaciones delictivas".

"Este paso adelante que damos es trascendente, muy importante. Y Lo hicimos de la manera correcta. Primero con los instrumentos jurídicos que nos den solidez para llevar adelante los procedimientos, en este caso a través de una ley sancionada de manera unánime por la Legislatura y, por otro lado, un proyecto bien planteado y ejecutado que permite tener resultados", dijo el gobernador.

"Vamos a seguir avanzando, porque la lucha contra el delito y la violencia es multidimencional. Por supuesto que a veces rinde más anunciar medidas efectistas, de corto plazo, porque eso genera un impacto mediático, pero eso no cambia la realidad, eso se consigue con políticas de fondo, estructurales, de largo plazo, con políticas de Estado, con acciones efectivas y eso es lo que estamos haciendo en la provincia", concluyó Lifschitz.

POLÍTICA PÚBLICA
El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, recordó que “hace tiempo, por orden y pedido del gobernador Lifschitz, avanzamos en el desmantelamiento de las principales organizaciones criminales que teníamos en la provincia. Trabajamos fuertemente en investigaciones colaborando con el Ministerio Público de la Acusación y con los fiscales federales para que aquellos delincuentes que se creían con impunidad en Santa Fe hoy estén bajo las rejas”.

En ese sentido, el ministro indicó que “entendimos que no solo teníamos que meterlos presos, teníamos que ir tras sus bienes como una política pública de la provincia de Santa Fe y así llegamos a la Agencia, a la primera subasta; así llegamos al primer depósito y ahora con el segundo depósito y otra subasta. El mensaje político es muy claro: vamos a ir contra las organizaciones criminales, vamos a detener a los delincuentes y les vamos a sacar sus bienes para que pierdan capacidad económica y logística”.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, aseguró que “hay dos maneras de hacer política y dos maneras de hacer gestión: están los que dicen que van a hacer y hacen como que hacen, y están los que hacen y es importante saberlos diferenciar. Cuando se habla de seguridad hay que tener en cuenta que desde que empezó la gestión del Frente Progresista hay cinco veces más fiscales generales, tres veces más jueces penales, una policía muchísimo más organizada con más allanamientos y detención de jefes de organizaciones criminales”.

“Lo que vemos hoy es un modo de hacer política. Lo que estamos viendo acá es una gestión pública y concreta que se puede hacer porque hay una decisión política del gobernador de hacerlo y no solo del Frente Progresista sino de todos los partidos, en un trabajo de consenso político”, concluyó.

DECISIÓN POLÍTICA DE AVANZAR
El secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, aseveró que “para nosotros no es una inauguración más. Este galpón nos muestra el camino para llevar adelante la lucha contra el crimen organizado”.

Tal como lo relató, “en la provincia de Santa Fe fuimos ejemplo a nivel país: lo que se está debatiendo a nivel nacional, luego de un gran consenso político de todas las fuerzas de ambas Cámaras legislativas y el Mensaje que envió el gobernador, logramos sancionarlo como Ley. Pero luego tuvimos que implementarlo y ahí empezamos a planificar con Fiscalía, con el Ministerio de Seguridad y así llegamos a la inauguración de este predio”.

Figueroa Escauriza recordó que “a medida que pensar en la implementación de estas políticas públicas contra el crimen organizado empezamos a sentir la resistencia de sectores políticos y abogados de criminales que nos quisieron frenar pero la decisión política fue seguir avanzando”.

Por su parte, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, aseguró que “desde el Poder Judicial, la puesta en funcionamiento de este galpón para el cuidado de los vehículos significa un hecho importante desde el diseño de políticas”.

“Es muy importante empezar a pensar en términos del diseño de políticas y esto es muy útil porque nos sirve para que los vehículos secuestrado sean debidamente administrados para ser subastados en condiciones adecuadas. Quienes trabajamos desde hace tiempo en el sistema penal sabemos que la mayoría de los vehículos quedaban deteriorados por el paso del tiempo y se perdía su valor”, destacó.

Por último calificó como “sobresaliente empezar a pensar en una línea y estructuras que esperemos, sean perdurables. Como ciudadano de la provincia de Santa Fe estoy sumamente satisfecho de que esto se pueda instrumentar adecuadamente”, dijo Baclini.

PRESENTES
Estuvieron también, el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; el fiscal de Estado, Pablo Saccone; el senador departamental Miguel González; los diputados provinciales Clara García, Jorge Henn, Julio Garibaldi, María Victoria Tejeda y Fabián Palo Oliver; la intendente de Santo Tomé, Daniela Qüesta; el asesor de Gabinete, Juan Carlos Zabalza; los secretarios de Derechos Humanos, Marcelo Trucco, de Coordinación de Gabinete y de Articulación con el Poder Judicial, Pablo Cococioni; y de Seguridad Comunitaria, Ángel Ruani; y el subsecretario de Registros, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales, Hernán Matich, entre otras autoridades.

APRAD
El organismo fue creado por ley a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo y comenzó a funcionar, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, en 2018.

De este modo, Santa Fe es pionera a nivel nacional en cuanto a la disposición, reutilización y venta de bienes muebles e inmuebles provenientes del delito que ya lleva recaudados $ 4.045.000 solo por el remate de vehículos incautados a bandas criminales. A esto se agrega la compactación de desarmaderos ilegales, la donación de piezas a escuelas técnicas y la recuperación de propiedades valuadas en dos millones de pesos.

Lo novedoso de esta política pública, sin precedentes en la Argentina, es que los fondos obtenidos son destinados a fines sociales, culturales y deportivos en beneficio de toda la comunidad.