El acto de reparación estuvo encabezado por el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza; y por el fiscal general Jorge Baclini.
Los fondos surgieron del remate de los autos incautados a la banda criminal, que se concretó en octubre del año pasado a través de la Agencia de Bienes Decomisados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el próximo 7 de marzo se llevará a cabo una segunda subasta pública en Santa Fe.
Al respecto, Figueroa Escauriza sostuvo que “la decisión política es efectuar este tipo de reparaciones en casos de delitos económicos y en el marco de causas penales en las que haya secuestro de bienes”.
“Este era un paso muy importante que queríamos dar, algo histórico, ya que nunca en la provincia se les habían sacado bienes a las bandas, se los había vendido y con lo producido rápidamente las víctimas habían recibido dinero”, agregó Figueroa Escauriza y sostuvo que “si bien los miembros de la organización fueron condenados, para sus víctimas la reparación del daño fue en gran parte una sorpresa. No creían que esto podía llegar a suceder y la verdad es que nos pone contentos porque eran personas que rondaban los 80 años, los llamaban durante la madrugada y les quitaban quizás sus ahorros, los vulneraban”.
LOS REMATES
Sólo con el remate realizados en octubre de 2018, la provincia recaudó más de cuatro millones de pesos. Además de lo que se destinó a esta reparación económica, se invirtió otro millón de pesos en políticas sociales, que incluyeron la adquisición de tablets e insumos para establecimientos deportivos, 18 proyectores y equipos de sonido para salones de actos de escuelas primarias y secundarias.
“Queda un remanente al resguardo por si judicialmente hay que devolver el valor de algún vehículo dado que las causas penales siguen y si la sentencia no es condenatorio debemos reponer su valor”, aclaró el funcionario.
Por su parte, el fiscal Baclini señaló que “las víctimas del delito fueron en su mayoría adultos mayores que, tras ser contactados telefónicamente, dejaron dinero en la vía pública en la creencia de que sus familiares habían sido secuestrados”.
“Este es un procedimiento muy nuevo, que se está articulando y aceitando. Para nosotros es muy satisfactorio que se hayan podido recuperar bienes, luego venderlos a través de la Agencia del Poder Ejecutivo y devolverle una parte del dinero a las víctimas, que se iban un poco incrédulas”, concluyó.
