El juez de Cámara Penal, Carlos Renna, confirmó este miércoles el apartamiento de los conjueces Julio Dante Thomas y Aníbal Marchetti, y, al mismo tiempo, resolvió integrar el tribunal que juzgará en audiencia oral a los sospechosos del crimen de Vanesa Zabala, con los magistrados Irineo Luis Berzano y Claudia Bressan, quienes actuarán conjuntamente con Gonzalo Eduardo Basualdo. El Centro de Asistencia Judicial (CAJ) asiste a familiares de la víctima e impulsa la causa y el esclarecimiento de este aberrante hecho ocurrido en 2013.
El crimen de Zabala causó conmoción en Reconquista y en el seno de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex) ya que la mujer trans fue golpeada, ahorcada y empalada. Los imputados -tres hombres, una mujer y dos adolescentes- quedaron en libertad por haberse excedido el límite máximo en que una persona puede estar detenida sin condena, previsto para la prisión preventiva.
“La demora del accionar judicial generó que los imputados adquirieran la libertad y que los familiares de la víctima sintieran impotencia y dolor por tal injusticia”, recordó el director de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial, Fernando Sirk Marezka. De hecho, denunciaron que existía intencionalidad de parte de los jueces intervinientes para dejar impune el crimen de Vanesa, “y sostenían que ello era consecuencia de una clara actitud discriminatoria hacia ella, por su condición de mujer trans”, agregó Sirk Marezca.
En ese contexto, la familia de Zabala fue recibida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, y por el subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, Esteban Paulón, quienes reafirmaron el compromiso del gobierno de la provincia para con el juzgamiento de los responsables del aberrante hecho y denunciaron las irregularidades y la demora en la investigación.
El Centro de Asistencia Judicial de Reconquista, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya venía representando a los familiares de la víctima y fue instruido por las autoridades para impulsar la causa.
“El camino para arribar a esta resolución no fue nada fácil”, manifestó el Sirk Marezka y agregó que “primero tuvimos que litigar para que aceptaran a las hermanas de la víctima como querellantes, debido a que a partir del fallecimiento del padre de Vanesa (querellante originario), la legitimación de aquellas había sido cuestionada por la defensa de los imputados. Logramos que aceptaran a las hermanas y finalmente se confirmó el apartamiento de los jueces que venían dilatando el avance de la causa, mientras se conforma el tribunal de juicio oral”.
En tanto, el abogado del Centro de Asistencia Judicial, Federico Lombardi, se mostró satisfecho con la decisión del tribunal pero fue cauteloso respecto de lo que resta. “Es un paso muy importante, ahora debemos redoblar los esfuerzos para que en el juicio oral se condene a todos los imputados. Estuvimos acompañando y representando a los familiares de Vanesa desde el primer momento porque queremos asegurar que se garantice su derecho de acceso a la justicia”, completó.
LOS CENTROS DE ASISTENCIA JUDICIAL
Actualmente, son cinco los CAJ en funcionamiento dentro del territorio provincial, ubicados en las ciudades de Tostado, Santa Fe, Rosario, Reconquista y Vera. Su objetivo es garantizar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y ciudadanas, ofreciendo contención, respuesta y acompañamiento a víctimas y testigos de delitos, así como el servicio de mediación penal.
En cada centro, el usuario o usuaria puede presentarse y requerir respuestas para diferentes problemas en tanto víctima o testigo. El asesoramiento técnico y profesional que reciben los solicitantes es interdisciplinario, por parte de un equipo de abogados, trabajadores sociales y psicólogos. El sistema fomenta así una respuesta precoz e integral, cubriendo a las personas damnificadas por delitos y eventualmente a sus familiares y referentes próximos, siempre de cara a garantizar los derechos de las víctimas a la información, la justicia y la reparación.
La Oficina de Asistencia a la Víctima de los CAJ es la única del país que puede ejercer representación de las mismas en juicio, patrocinándolas o, mediante poder especial, constituyéndose como querellantes. La figura del querellante permite a los damnificados y/o a sus familiares ser parte activa en el proceso penal y participar del mismo.
