El Centro de Asistencia Judicial de Santa Fe (CAJ), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, intervino en un caso de trata de persona en el cual la Cámara Federal de Rosario (Sala B) rechazó este miércoles el recurso de apelación para dejar sin efecto el procesamiento y la prisión preventiva que pesaba sobre el imputado, por lo que el hombre continuará detenido e irá a juicio.
Los magistrados, José Toledo, Edgardo Bello y Elida Vidal tomaron la decisión tras escuchar a los abogados de la víctima, Federico Lombardi y Rodolfo Agustín Roubineau, del Centro de Asistencia Judicial, quienes advirtieron la necesidad de analizar el caso en clave de género, atento a que es el peor sometimiento del que puede ser víctima una mujer.
En audiencia, Lombardi y Roubineau plantearon “lo complejo que es probar este tipo de delitos”, apuntó el director de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial, Fernando Sirk Marezca. El funcionario, que tiene a su cargo los cinco CAJ que funcionan en la provincia, agregó que los abogados destacaron “la obligación del Estado no solo de sancionar y erradicar la violencia de género sino también de prevenirla”.
Tanto el fiscal como la querella coincidieron en que se encontraba plenamente fundado tanto el procesamiento como la prisión preventiva por existir elementos de convicción suficientes.
“El Tribunal de Cámara acogió los argumentos de los representantes del CAJ y recomendó a los tribunales de primera instancia y al Ministerio Público de la Acusación la profundización de la investigación y reforzar la protección de la víctima”, explicó Sirk Marezca.
Cabe destacar que el mencionado recurso de apelación fue realizado por la defensora pública -coadyuvante ante los Juzgados Federales de la ciudad de Santa Fe- Vilma Gastaldi.
CENTROS DE ASISTENCIA JUDICIAL
Los CAJ que están en funcionamiento dentro del territorio provincial se localizan en las ciudades de Tostado, Santa Fe, Rosario, Reconquista y Vera. Su objetivo es garantizar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y ciudadanas ofreciendo contención, respuesta y acompañamiento a víctimas y testigos de delitos, así como el servicio de mediación penal.
En cada centro, el usuario o usuaria puede presentarse y requerir respuestas para diferentes problemas en tanto víctima o testigo. El asesoramiento técnico y profesional que reciben los solicitantes es interdisciplinario, por parte de un equipo de abogados, trabajadores sociales y psicólogos. El sistema fomenta así una respuesta precoz e integral, cubriendo a las personas damnificadas por delitos y eventualmente a sus familiares y referentes próximos, siempre de cara a garantizar los derechos de las víctimas a la información, la justicia y la reparación.
La Oficina de Asistencia a la Víctima de los CAJ es la única del país que puede ejercer representación de las mismas en juicio, patrocinándolas o, mediante poder especial, constituyéndose como querellantes, figura que permite a los damnificados y/o a sus familiares ser parte activa en el proceso penal y participar del mismo.
