El tribunal condenó al expolicía Juan Perizzotti, a la pena de prisión perpetua por los delitos de “homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar la impunidad en perjuicio de diez personas; homicidio en perjuicio de otras cinco personas más; privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra cinco personas; tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos; tormentos simple; sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años y alteración del estado civil de un menor de 10 años, en perjuicio de María Carolina Guallane/Paula Cortassa”. También los jueces decidieron “absolver a Perizzotti por privación de la libertad agravada y asociación ilícita, por falta de acusación”.
Para el militar retirado, Domingo Morales, fijaron una pena de 22 años de prisión por los delitos de “homicidio en perjuicio de tres personas y asociación ilícita en concurso real”.
Asimismo, el exjuez de Menores, Luis María Vera Candioti, recibió una condena de 15 años de prisión, una multa de 75 mil pesos e inhabilitación perpetua por los delitos de “retención y ocultamiento de un menor de 10 años, alteración y supresión del estado civil de un menor de 10 años y prevaricato” en perjuicio de María Carolina Guallane/Paula Cortassa.
En tanto, el exmilitar retirado Carlos Enrique Pavón recibió la condena de 13 años de prisión por los delitos de “retención y ocultamiento de un menor de 10 años de edad, alteración y supresión del estado civil de un menor de 10 años y falsificación ideológica de documento público” en perjuicio de María Carolina Guallane/Paula Cortassa.
Conjuntamente, los jueces revocaron las excarcelaciones para Vera Candioti y Pavón, disponiendo que los condenados cumplan la pena en dependencias del servicio penitenciario federal, a diferencia de Perizzotti y Morales, quienes gozan del régimen de prisión domiciliaria.
Por otro lado, la causa tenía un quinto imputado, Jorge Roberto Diab, quien falleció mientras transcurría el juicio, al tiempo que cumplía una condena de 16 años de prisión en su domicilio, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Según informaron desde el tribunal -presidido por el juez Ricardo Vázquez y los conjueces Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Otmar Paulucci- los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 21 de junio.
En la audiencia de este jueves estuvieron presentes, acompañando a los familiares de las víctimas, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Mary Daldosso, y miembros del programa de Protección de Testigos y Querellantes. “Hoy es un día muy importante porque se afirma un proceso de memoria, verdad y justicia que es ya irreversible en nuestra provincia y en nuestro país”, afirmó Daldosso.
Con este caso ya son dieciséis las sentencias por delitos de lesa humanidad dictadas en la provincia.
SOBRE EL JUICIO
Este juicio comenzó el 10 de abril de 2015 y en el proceso fueron juzgados el exjuez de Menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti; los tenientes coroneles retirados Domingo Morales y Jorge Roberto Diab (quien falleció tras el comienzo del juicio); el coronel retirado Carlos Enrique Pavón; y el comisario retirado Juan Calixto Perizzotti.
Las querellas fueron formuladas por Alejandra Romero Niklison, por los hermanos Hernán y Gabriel Ziccardi; Zulema Rivera en representación de María Carolina Guallane; Natalia Moyano y Santiago Bererciartúa, por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; y Lucila Pujol y Guillermo Munné por HIJOS.
Las víctimas, en total 53, en su mayoría fueron asesinadas y desaparecidas. Los testigos, en tanto, sumaron 185.
JUICIOS EN LA PROVINCIA
La reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, tras la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el año 2003, marcó un momento decisivo para el mejoramiento de la calidad institucional y un paso fundamental en la búsqueda de verdad y justicia.
En Santa Fe se pusieron en marcha causas emblemáticas y el gobierno provincial implementó una serie de políticas públicas destinadas a acompañar a la Justicia y tributar a este proceso de memoria, verdad y justicia, entre ellas el programa de Protección y Acompañamiento de Testigos y Querellantes; el Área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de las causas judiciales; y la creación de un Registro de expresos políticos.
En la provincia los juicios por delitos de lesa humanidad comenzaron en 2009 y continúan desarrollándose. Los procesos implican la actuación de testigos, querellantes y abogados patrocinantes, actores fundamentales que han bregado sin descanso por esta oportunidad histórica.
