Causa Ramos y Otros (Feresín)
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El 30 de marzo de 2017 el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por Omar Digerónimo, Beatriz Barabani y Ricardo Moisés Vázquez, dio a conocer la sentencia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en la causa conocida como “Feresín”.
Los cinco imputados en esta causa recibieron diferentes condenas. En tal sentido, el exjefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti fue condenado a 20 años de prisión; el excomisario de la Seccional 4°, Ricardo Silvio Ferreyra, fue condenado a 16 años de prisión; la exescribiente de la GIR, María Eva Aebi, fue condenada a 12 años de prisión; en tanto, el entonces secretario del Juzgado Federal de Santa Fe –y luego juez– Víctor Hermes Brusa fue condenado a tres años de prisión; y el exayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la policía provincial, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, recibió la pena de cadena perpetua.
En este juicio que comenzó en Santa Fe el 2 de febrero de 2017 los hechos imputados comprenden los secuestros y torturas de 13 personas que pasaron por el centro clandestino de detención “La Casita”, en las afueras de la ciudad de Santa Fe, y el homicidio del responsable zonal de Montoneros, Emilio Osvaldo Feresin, quien fue secuestrado el 10 de febrero de 1977 y muerto, un mes después, por las torturas padecidas durante su cautiverio.
Las otras 12 personas militantes de la Juventud Universitaria Peronista –11 mujeres y un hombre–, fueron secuestradas y luego torturadas en la Comisaría 4ª, la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y en “La Casita”.
Perizzotti, Ramos Campagnolo y Aebi fueron juzgados por la privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas contra siete de esas víctimas y por seis hechos de tormentos. Ramos Campagnolo, además, fue juzgado como coautor del homicidio de Feresin.
Ferreyra, en tanto, fue acusado por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos agravados de cuatro víctimas y por el delito de asociación ilícita, por haber formado parte de una asociación criminal de más de tres integrantes para perpetrar delitos indeterminados, junto a sus coimputados, quienes ya fueron condenados en orden a ese crimen.
Por su parte, Brusa fue acusado en su carácter de funcionario judicial por la aplicación de apremios ilegales a dos víctimas con el objetivo de que modifiquen las declaraciones vertidas bajo torturas.
Cabe destacar que en esta causa estuvo imputado hasta su muerte en 2016 el ex 2° jefe del Destacamento de Inteligencia 122, Jorge Roberto Diab, quien falleció en arresto domiciliario mientras cumplía la condena por la causa “Campagnolo-Dunda”.
La querella estuvo a cargo de las abogadas Alejandra Romero Niklison y Nadia Schujman y en representación del Ministerio Público, actuó el Fiscal Martín Suárez Faisal.
