Aspectos normativos
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En materia normativa, la necesidad del diseño de leyes que constituyeran el soporte del nuevo sistema resultó ineludible. Para hacer operativo el Código debían transformarse y/o crearse instituciones acordes al modelo adversarial de juzgamiento.
Si bien existían (y aún hoy existen) en toda la provincia fiscales y defensores oficiales, su inserción institucional como funcionarios subordinados al Procurador General, que integra la Corte Suprema de Justicia por imperio constitucional, impedía la efectiva división de funciones de investigación y juzgamiento, a la vez que confundía en un mismo órgano las de defender y acusar.
Además, en el viejo sistema los tribunales penales respondían a un modelo organizacional ideado para tramitar expedientes, por lo que fue necesario establecer otra mirada con eje central en la oralidad. Como esto también requiere un nuevo andamiaje normativo, fue preciso dictar leyes de organización del Ministerio Público de la Acusación, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, de Transición y de nuevos Tribunales Penales y Oficinas de Gestión Judicial.
