Servicio Público Provincial de la Defensa Penal
Este Servicio brinda cobertura a quienes no pueden designar un defensor de confianza por su situación de vulnerabilidad económica o social. Y también, y sin perjuicio de esa orientación prioritaria, debe hacerse cargo de aquellos imputados que directamente no quieran, más allá de sus posibilidades económicas, designar defensor particular. Su objetivo es garantizar a todo imputado un abogado defensor.
Se establece el principio de gratuidad de las prestaciones para aquellos que no cuentan con medios económicos suficientes para contratar un defensor de confianza. Si el imputado que accede a un defensor público cuenta con recursos, el costo de las prestaciones integra las costas del proceso y sí van a serles cobradas. Los honorarios percibidos ingresarán a una cuenta especial destinada prioritariamente a mejorar la calidad de las prestaciones del servicio.
A nivel estructura, el Servicio está a cargo del Defensor Provincial, un funcionario que, al igual que el Fiscal General, dura seis años en sus funciones y es designado de idéntica forma. En cada una de las cinco circunscripciones judiciales se ubica una Defensoría Regional, a cargo de un Defensor regional. El Servicio se integra, finalmente, con cuerpo de defensores públicos y defensores públicos adjuntos.
En la actualidad el Servicio tiene sedes en Reconquista, Rosario, Santa Fe, San Jorge, Tostado, Vera, Rafaela, San Cristóbal, Las Toscas y Venado Tuerto. Asimismo, se encuentran en trámite otras locaciones de inmuebles.