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Desarrolla e implementa mecanismos que garanticen la promoción y protección de los derechos humanos en el campo de las políticas e instituciones del sistema jurídico penal. Interviene en cuestiones referentes a las malas prácticas de las fuerzas policiales y penitenciarias (apremios ilegales y detenciones arbitrarias, por ejemplo), además desarrolla, entre otras, las siguientes acciones:

• Visita periódicamente cárceles y comisarías de la provincia para controlar y verificar las condiciones de alojamiento de personas privadas de la libertad a fin de garantizar el fiel cumplimiento de los Derechos Humanos fundamentales, amparados y reconocidos por la Constitución Nacional.
• Realiza los reclamos, demandas y denuncias necesarias en relación a la situación de encierro de personas privadas de la libertad y los efectos que estas circunstancias provocan en sus áreas de interés: salud, vínculos familiares, laborales, etcétera. Además, al contar con un equipo de trabajo conformado por abogados, trabajadores sociales y psicólogos, brinda escucha e intervención interdisciplinaria, lo que posibilita una asistencia y seguimiento integrales.
• Trabaja junto a otros actores sociales para prevenir y atenuar los efectos nocivos que las instituciones para el encierro de las personas pueden generar en ellos y su contexto de referencia más cercano.
• Interviene en situaciones de abusos y malas prácticas generadas por las instituciones de seguridad e intenta controlarlas trabajando articuladamente con diferentes organismos.