Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe

2019-08-20

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DECRETO Nº 1925

SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”

27 JUL 2016

VISTO:

El expediente Nº 00201-0040322-2, del registro del Sistema de Información de Expedientes, relacionado con el reclamo administrativo interpuesto por el señor ANTONIO MARIO ALARCON, tendiente a obtener la correcta liquidación y pago en sus haberes de los adicionales creados por la Ley Nº 9561; y

CONSIDERANDO:

Que el reclamante efectuó los planteos judiciales que dieron lugar al procedimiento transaccional diseñado por la Ley Nº 13120, Decreto Nº 2227/10 y normas concordantes, todo conforme surge del informe del Padrón elaborado por Fiscalía de Estado para el cumplimiento del cometido regulado por el Decreto Nº 2227/10; y, en el caso particular, incluso adhirió a la propuesta transaccional realizada por la Provincia de Santa Fe;

Que conforme lo expresado, y atento al Dictamen Nº 1151/13 de Fiscalía de Estado, corresponde hacer efectivas las consecuencias previstas en la respectiva Acta de Adhesión, declarar extinguido el reclamo de autos y tener presente la renuncia contenida en aquel instrumento;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1º: Declárase extinguido el reclamo administrativo relacionado con la correcta liquidación y pago del haber no remunerativo de la Ley Nº 9561 interpuesto por el señor ANTONIO MARIO ALARCON (Clase 1961 - C.U.I.L. 20-14305581-8), de conformidad a las condiciones previstas en la respectiva Acta de Adhesión suscripta por el nombrado, teniendo presentes las renuncias contenidas en la misma.

ARTICULO 2º: Regístrese, comuníquese y archívese.

S/C 29218 Ag. 20

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DECRETO Nº 3464

SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional” 01 NOV 2016

VISTO:

El expediente Nº 00201-0041018-5, del registro del Sistema de Información de Expedientes, relacionado con el reclamo interpuesto por la señora GEORGINA VIVIANA GUADALUPE MÁRQUEZ tendiente a obtener la correcta liquidación y pago en sus haberes de los adicionales creados por la Ley Nº 9561; y

CONSIDERANDO:

Que la señora Márquez reclama la correcta liquidación y pago mensual del haber no remunerativo de la Ley Nº 9561 la cual, señala, estableció sumas fijas en concepto de haberes remunerativos y no remunerativos, montos que se verían incrementados a partir del 1º de enero de 1985 en los porcentajes que por política salarial se fijaran para el sector;

Que la reclamante manifiesta que por Decreto Nº 4781/84 se dispuso en forma arbitraria la no aplicación en forma provisoria del Artículo 3º de la Ley Nº 9561, arbitrariedad que afirma, fue reconocida por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Nº 1394/86 dejando sin efecto lo dispuesto por el Decreto Nº 4781/84. Posteriormente los adicionales de la Ley Nº 9561 se fueron incrementando hasta el mes de enero de 1990 en el que, sin instrumento legal alguno, fueron congelados;

Que solicita, en definitiva, se le abonen diferencias retroactivas por tal motivo entre los meses de febrero de 1990 y la fecha del pedido, así como también el correcto pago del adicional respectivo;

Que analizada la cuestión cabe precisar, que la problemática acerca de la determinación del valor de los adicionales fijados por la Ley Nº 9561 fue resuelta por el Poder Ejecutivo de la Provincia mediante Decreto Nº 531/99, en el cual se estableció el respectivo valor a partir del 1º de abril de 1999;

Que tal decisión no fue juzgada ilegítima por la Excma. Cámara de lo Contencioso Administrativo que por el contrario fundó la procedencia parcial de los recursos en esa decisión del Poder Ejecutivo (Cámara de lo Contencioso Administrativo, “Agustini, Gustavo Fabián y Otros y sus Acumulados c. Provincia de Santa Fe s. Recurso Contencioso Administrativo”, A. y S. T. 3, pág. 349; “Bustos, Raúl Eugenio y Otros c. Provincia de Santa Fe s. Recurso Contencioso Administrativo”, A. y S. T. 9, pág. 80; “Acastello, Juan Carlos y Otros. c. Provincia de Santa Fe s. Recurso Contencioso Administrativo”, A. y S. T. 10, pág. 109 y “Paz, Luis Gaspar y Otros c. Provincia de Santa Fe s. Recurso Contencioso Administrativo”, A. y S. T. 21, pág. 81);

Que al respecto en la parte resolutiva de la causa “Agustini” la Excma. Cámara sentenció: “...Y, en consecuencia, condenar a la demandada a abonar a los actores las diferencias que resulten entre lo efectivamente percibido por los recurrentes con anterioridad al 1.4.1999 y lo que hubieran debido percibir de haberse aplicado a esos períodos el procedimiento estimado correcto por Decreto Nº 531/99” (C.C.A., “Agustini”, citado);

Que a ello es pertinente agregar que la Excma. Corte Suprema de Justicia de Santa Fe no revisó la decisión del mencionado Tribunal, y al rechazar la queja que los recurrentes dedujeron ante la denegación del recurso de inconstitucionalidad en la causa mencionada (Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, “Agustini, Gustavo Fabián y Otros y sus Acumulados c. Provincia de Santa Fe s. Recurso Contencioso Administrativo”, A. y S. T. 230, págs. 17/21), señaló: “Cabe poner de relieve que los Sentenciantes principiaron su razonamiento destacando que los recurrentes no habían invocado ni acreditado que la aplicación de la política salarial cuestionada hubiera vulnerado los niveles remuneratorios a los que tenían derecho, ni tampoco demostrado que el Poder Ejecutivo, al establecer por Decreto Nº 531/99 el valor de la asignación no remunerativa ($82), se hubiera apartado de los términos fijados por la Ley Nº 9561 y el conjunto de normas que conforman el régimen salarial del personal de seguridad y penitenciario o desbordado el marco propio de sus potestades según criterios de oportunidad, mérito y conveniencia.

...Y si bien los recurrentes, al agraviarse, se aferran a los cálculos presentados como correctos por la propia demandada… soslayan la modalidad de ajuste que estimaron correcta los Sentenciantes en el caso concreto: el método del Decreto Nº 531/99”;

Que conforme a ello, la problemática involucrada, a criterio de la Administración -no revisado por la Justicia competente- quedó zanjada por el dictado del Decreto Nº 531/99 abonándose correctamente los haberes a partir del 1º de abril de 1999. A ello hay que agregar que la Ley Nº 9561 fue derogada por la Ley Nº 13120;

Que de acuerdo a ese criterio sólo corresponde expresarse con respecto a las diferencias salariales anteriores al 31 de marzo de 1999, pues luego de ello las remuneraciones fueron correctamente abonadas, como lo son en la actualidad de conformidad al ordenamiento administrativo vigente;

Que así precisada la cuestión pendiente, corresponde adelantar, que la pretensión de la recurrente no puede prosperar, fundándose esta negativa esencialmente en la circunstancia de que se encuentra prescripta la respectiva acción para reclamar las diferencias que persigue;

Que a tal conclusión se arriba cotejando los períodos de inmovilización de las actuaciones luego de que la interesada dedujera el presente reclamo administrativo;

Que en efecto, de acuerdo a las constancias de autos la interesada dedujo reclamo en fecha 2 de noviembre de 1995, y luego de algunas diligencias, no se desprende de los actuados que haya existido algún tipo de actividad procedimental ni de la Administración ni de la recurrente al menos entre el 9 de noviembre de 1995 y el 6 de mayo de 2009;

Que en tales condiciones y aún cuando el curso de la prescripción pudo haber resultado interrumpido por la interposición del reclamo administrativo (Fiscalía de Estado, Dictamen Nº 283/11), al no producirse nuevos actos interruptivos por la paralización del procedimiento durante todo el plazo legal siguiente, con posterioridad, operó la prescripción (Fiscalía de Estado, Dictamen Nº 853/09);

Que así, desde el 9 de noviembre de 1995 hasta el 6 de mayo de 2009, no se registra ningún acto procedimental, habiendo transcurrido en ese lapso el plazo de prescripción bianual aplicable de conformidad al principio de regulación contenido en el Artículo 256º de la Ley N° 20744, ya que durante el periodo crítico (1990/1991) no existía en el ordenamiento provincial una norma que regulara la prescripción en materia de relaciones de empleo público lo que recién aconteció con la sanción del Presupuesto para el año 1996, Ley N° 11463;

Que tal postulado de integración del ordenamiento encuentra sustento suficiente en la existencia de un precedente judicial aplicable en el mencionado periodo crítico tal como fue explicado en oportunidad de resolverse la causa “Leones” (Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, “Leones, Jalime María contra Municipalidad de Santa Fe -Laboral- sobre Recurso de Inconstitucionalidad” -Expte. C.S.J. Nº 745, año 2000-, A. y S. T. 186, págs. 69/97), a lo que cabe agregar que ese criterio fue aplicado en oportunidad de resolverse judicialmente pretensiones similares a las perseguidas en estos actuados (Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº 1 “Agustini”, citado);

Que por lo demás también habría que concluir que operó la prescripción de la acción si se recurriere a una aplicación analógica integral de los criterios regulatorios referidos a la prescripción contenidos en la Ley Nº 20744, que incluyeran no sólo el plazo allí previsto conforme la jurisprudencia citada, sino también las vicisitudes, así por ejemplo, el Artículo 257º que dispone: “Sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas del Código Civil, la reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo interrumpirá el curso de la prescripción durante el trámite, pero en ningún caso por un lapso mayor de seis (6) meses”;

Que ello es así, porque aún computando luego de la interposición del reclamo el aludido período de seis (6) meses, es decir, detrayendo del tiempo total de paralización ese período, incluso así transcurrió en exceso el plazo correspondiente;

Que tampoco podría dejar de señalarse que más allá de las derivaciones interpretativas a que pueda conducir el funcionamiento del instituto de la prescripción en relación al procedimiento administrativo y, fundamentalmente, el de los efectos instantáneos o permanentes del reclamo, lo cierto es que en el caso no podría dejar de tomarse en consideración que la paralización de las actuaciones se produjo por un término mayor incluso que el previsto por el ordenamiento jurídico para la prescripción liberatoria en relación a la sentencia judicial, es decir, un plazo mayor de 10 años;

Que cualquiera fuera desde esta perspectiva el criterio de análisis que se adoptara, no podría prescindirse de considerar el abandono por la interesada de su planteo reclamatorio que sólo volvió a trascender entre diez y veinte años después y con motivo de que el Estado Provincial estableciera un mecanismo de conciliación dirigido especialmente a aquellos demandantes que sosteniendo sus reclamos judicializaron los mismos;

Que finalmente, si bien trata de un razonamiento a argüirse en sede judicial, resulta importante señalar que en los casos concretos en que luego de habilitada la vía judicial haya transcurrido el plazo de dos (2) años, igual corresponde declarar la prescripción;

Que corresponde señalar en este sentido que la jurisprudencia contencioso administrativo ha expresado: “Concretamente, in re ‘Ledesma’ (A. y S. T. 120, pág. 356), luego de reiterar su inveterada jurisprudencia sentada en ‘Holzer’ (A. y S. T. 14, pág. 55) acerca de que una vez configurada la denegación tácita (llamada presunta en la Ley N° 11330) el interesado no está obligado a concurrir por vía contencioso administrativo dentro de los plazos fijados para la denegación expresa, expresamente aclaró que, no obstante, su posibilidad de utilizarla no se extiende sine die, sino que resulta limitada por el juego de otras normas legales, tales como la prescripción...” (Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1 “Maranghello, Enrique c. Provincia de Santa Fe s. Recurso Contencioso Administrativo”, A. y S. T. 1, pág. 180);

Que por lo expuesto, y conforme al Dictamen Nº 1485/13 de Fiscalía de Estado, corresponde rechazar el reclamo interpuesto por la señora Márquez, en razón de haberse producido la extinción de la acción por prescripción;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º: Recházase el reclamo interpuesto por el señor GEORGINA VIVIANA GUADALUPE MÁRQUEZ (Clase 1961 – C.U.I.L. 27-14305799-8), tendiente a obtener la correcta liquidación y pago en sus haberes de los adicionales creados por la Ley Nº 9561; en razón de haberse producido la extinción de la acción por prescripción.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, comuníquese y archívese.

S/C 29219 Ag. 20

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DECRETO N° 3519

SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 30 NOV 2018

VISTO:

El Expediente N° 00306-0009531-9, registro del Sistema de Información de Expedientes (S.I.E.), en cuyas actuaciones se tramita la reconducción de manera especial y por única vez del contrato público celebrado por la Provisión, instalación, puesta en Servicio y mantenimiento del Sistema de Atención de Emergencias 911; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01 obra comunicación de la Jefa de División de Contratos Administrativos dependiente de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes informando sobre el vencimiento en fecha 31 de octubre de 2018 del Contrato Público N° 14823 celebrado como segunda y última prórroga del servicio contratado con la firma Telefónica de Argentina S.A. por la Provisión, instalación, puesta en Servicio y mantenimiento del Sistema de Atención de Emergencias 911, en el marco de la Licitación Pública N° 01/2010;

Que a fs. 02/13 se advierten copias del Contrato Público Nº 010839 celebrado entre la Provincia y la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. y sus respectivas prórrogas, obrando también en estas actuaciones copia del Decreto N° 1542 del 25 de agosto de 2010, aprobatorio de la Licitación Pública N° 01/10 y de las partes pertinentes del Pliego de Bases y Condiciones correspondientes a la gestión indicada;

Que en el indicado Contrato Público N° 10839, celebrado entre la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. y la Dirección Provincial de Contrataciones y Gestión de Bienes se estableció en su cláusula Segunda la opción de prórroga del contrato a favor de la Provincia, en las misma condiciones y por términos que no excederán los Veinticuatro (24) meses, estableciéndose que la totalidad de las mismas no superarán los Cuarenta y Ocho (48 ) meses;

Que en función de lo mencionado en el considerando anterior y a la imposibilidad de realizar una nueva prórroga del contrato en curso, la Dirección Provincial de Tecnologías para la Seguridad y Atención de Emergencias del Ministerio de Seguridad, a fs. 17, se expide a favor de la conveniencia de que la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., continúe con la prestación del Servicio de “Atención de Emergencias 911” que viene desarrollando en la actualidad hasta que se produzca la nueva licitación del servicio cuya gestión se encuentra en curso mediante la tramitación del Expte. Nº 00201-0187214-8;

Que en el informe de la Dirección Provincial de Tecnologías para la Seguridad y Atención de Emergencias del Ministerio de Seguridad se resalta la importancia de la continuidad del servicio de atención de emergencias en toda la Provincia;

Que a fs. 20 se advierte informe Nº 2500/18 del Subdirector General de Contrataciones a/c, emitiendo opinión respecto a la solicitud efectuada por el Ministerio de Seguridad, indicando, que ante la imposibilidad de suscribir nuevas prórrogas y considerando la imperiosa necesidad manifestada de seguir contando con la prestación del servicio prestado por la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., se podrá continuar con la prestación del servicio hasta tanto se concluya la nueva gestión para la contratación del servicio de igual contenido al presente;

Que de acuerdo a lo expresado en el informe mencionado en el considerando precedente, se deberá emitir un acto administrativo que autorice la reconducción del contrato por única vez y de manera excepcional;

Que en autos se ha comprometido el gasto en la contabilidad presupuestaria, dando satisfacción a lo impuesto por el Decreto N° 155/03 y Resolución N° 001/18 del Ministerio de Economía;

Que consta en autos Nota de fs. 26/27 de la Dirección Provincial de Legal y Técnica comunicando a la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., la decisión de la Provincia de efectuar la reconducción del Contrato Público Nº 14823, por el término de 6 meses a contar desde el 1º de Noviembre de 2018 o hasta que culmine el proceso licitatorio en curso-lo que ocurra primero-;

Que a fs. 30 se advierte nota de la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., donde expresa su aceptación de la reconducción del Contrato Público Nº 14823 en los mismos términos y condiciones oportunamente suscriptos y sin modificación alguna, por el período de 6 meses a contar desde el 1º de Noviembre de 2018 o hasta que culmine el proceso licitatorio en curso-lo que ocurra primero-;

Que a fs. 32, luce agregada la autorización expresa del Ministro de Seguridad para la continuidad de la presente gestión;

Que teniendo en cuenta que la contratación involucra la ejecución presupuestaria de más de un ejercicio económico, corresponde la aplicación al caso de las disposiciones del Artículo 13º de la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado Nº 12.510, facultando a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD a adoptar los recaudos pertinentes para la provisión del crédito presupuestario en ejercicios futuros;

Que a fs. 50/51, la Dirección General de Asuntos Jurídicos Jurisdiccional ha tomado la intervención de su competencia mediante Dictamen Nº 1865/18;

Que la gestión de autos se encuadra en los preceptos establecidos por la Ley N° 12.510 de la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado, su Decreto Reglamentario Nº 1104/16, Decreto N° 2233/16, 213/18 y su modificatorio 2909/18;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°: Autorízace de manera excepcional y por única vez, la reconducción del Contrato Público N° 014823 celebrado entre la Provincia y la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., de la prestación del servicio de Provisión, instalación, puesta en servicio y mantenimiento del Sistema de Atención de Emergencias 911, adjudicado mediante Licitación Pública Nº 01/10, Decreto Nº 1542 de fecha 25 de agosto de 2010, siendo esta reconducción efectuada en iguales términos, condiciones y costos mensuales, efectuándose la misma por el término de Seis (06) Meses contados a partir del 01 de Noviembre de 2018 o hasta que culmine el proceso licitatorio en curso-lo que ocurra primero-, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos del presente decisorio.

ARTICULO 2°: Impútese el presente gasto con cargo al crédito previsto en el Presupuesto General vigente a: Sector 1, Subsector 1, Carácter 1, Jurisdicción 22, Subjurisdicción 00, Programa 16, Subprograma 00, Proyecto 00, Actividad 00, Obra 00, Fuente de Financiamiento 111, Inciso 3, Partida Principal 1, Partida Parcial 6, Partida Subparcial 0, Ubicación Geográfica 82-63-0, Finalidad 2, Función 10.

ARTICULO 3°: Encomiéndase a la Dirección General de Administración del Ministerio de Seguridad la previsión en los sucesivos presupuestos de los créditos necesarios para afrontar los compromisos que demande la presente contratación.

ARTICULO 4°: Autorízase a la Dirección General de Administración del Ministerio de Seguridad para que al momento del efectivo pago, reajuste del importe adjudicado en dólares estadounidenses en un todo de conformidad con la cotización del dólar norteamericano tipo vendedor fijado por el Banco de la Nación Argentina al cierre del día anterior a dicho pago.

ARTICULO 5°: La Dirección General de Administración del Ministerio de Seguridad, deberá intervenir previamente, en materia presupuestaria, cuando por razones de necesidad se estime conveniente hacer uso de los adicionales estipulados en el Apartado 5.3 “Forma de Cotización” del Pliego de Bases y Condiciones, determinándose que el incremento en las opciones deberá respetar -en relación al monto adjudicado- los límites del Artículo 137° de la Ley 12.510 (L.A.E. y C.E.).

ARTICULO 6°: Refréndase por los señores Ministros de Gobierno y Reforma del Estado, de Seguridad y de Economía .

ARTICULO 7°: Regístrese, comuníquese y archívese.

S/C 29216 Ag. 20

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RESOLUCIÓN Nº 1764

SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 24 JUL 2019

VISTO:

El expediente Nº 00115-0007262-6 y agregados Nros. 00215-0002737-5 y 00215-0000534-V, del registro del Sistema de Información de Expedientes, relacionado con la solicitud de revocatoria por contrario imperio interpuesta, mediante apoderado, por la señora MARTA ALMARAZ y el señor JUAN MANUEL LEGUIZA, ambos en ejercicio de la patria potestad de su hijo Jonathan Juan Emanuel Leguiza, contra la Resolución Ministerial Nº 534 de fecha 25 de marzo de 2014; y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Ministerial Nº 534 de fecha 25 de marzo de 2014, se rechaza el reclamo administrativo previo que dedujeran los causante, a fin de obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos con motivo del accidente de tránsito ocurrido en fecha 12 de marzo de 2009, en la intersección de las calles Vélez Sarsfield y Cullen de la ciudad de Rosario (Dpto. homónimo), siniestro en el que se viera involucrado un móvil policial;

Que en efecto, por no encontrarse acreditada en autos la personería invocada ni la legitimación activa de los reclamantes, no obstante haber sido notificados oportunamente de la situación y solicitado su enmienda (por cédula certificada con acuse de recibo de fecha 26 de diciembre de 2012), y vencidos los plazos acordados, se dicta la mencionada resolución;

Que notificados los reclamantes el día 15 de mayo de 2014 de dicho decisorio (mediante cédula certificada Nº 782/14), interponen recurso de revocatoria el día 3 de junio de 2014;

Que en la presentación del escrito recursivo, el profesional actuante manifiesta “…que vengo por el presente a acompañar en tiempo y forma la documental solicitada…”, solicitando se revoque por contrario imperio la mencionada Resolución Ministerial Nº 534/14;

Que en primer lugar cabe destacar, que la carga probatoria en cabeza de los reclamantes no ha sido cumplimentada en tiempo y forma. De la misma manera, se ha solicitado la acreditación de la legitimación activa de los reclamantes, sin que hasta la fecha se haya cumplido con dicho requerimiento;

Que corresponde señalar que se ha acreditado la personería del profesional que rubrica el escrito que encabeza las actuaciones con las fotocopias certificadas de los instrumentos de procura, no así la documental presentada en copia simple;

Que ahora bien, corresponde adelantar la negativa a la procedencia del recurso;

Que el apoderado de los reclamantes solicita la revocación por “contrario imperio” de la Resolución Ministerial N° 534/14 que decide sobre el fondo de la cuestión, lo cual debe ser desestimado por cuanto dicha figura es netamente procesal y no aplicable en el ámbito del Derecho Administrativo. Aclarada esta circunstancia, tampoco es de aplicación el “informalismo” del derecho para el administrado, por cuanto es un profesional del derecho el iniciador y se presume que debe conocer el derecho y, utilizar las herramientas técnico-jurídicas idóneas a los fines de defender la pretensión de sus poderdantes. Por lo tanto, la presentación carece de fundamentos para modificar la resolución cuestionada, que a la fecha ha adquirido calidad de firme;

Que asimismo, atento a la fecha de notificación de la mencionada resolución (15 de mayo de 2014) y de la presentación recursiva efectuada (3 de junio de 2014), esta última debe ser rechazada por extemporánea, habiendo sido efectivizada el decimotercer día hábil;

Que tampoco se ha acreditado la legitimación activa de la señora Almaraz y del señor Leguiza para instar la presente reclamación administrativa, por cuanto no ha sido probado el parentesco invocado;

Que además de lo expresado, se observa que del cotejo de la fecha de la presentación del reclamo, es decir el 8 de agosto de 2012, y la ocurrencia del accidente de tránsito, el 12 de marzo de 2009, ha transcurrido con creces el plazo indicado en el Artículo 4037° del Código Civil, encontrándose prescripta la posibilidad de accionar por responsabilidad extracontractual;

Que por lo expuesto, y atento a los Dictámenes Nros. 2071/14 y 638/19 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, corresponde rechazar la solicitud de revocación por contrario imperio efectuada contra la Resolución Ministerial N° 543/14, la cual a la fecha de interposición ha adquirido calidad de firme, con lo cual queda agotada la vía administrativa;

POR ELLO:

EL MINISTRO DE SEGURIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Rechazar, por las razones expuestas precedentemente, la solicitud de revocatoria por contrario imperio interpuesta, mediante apoderado, por la señora MARTA ALMARAZ (DNI 20.461.106) y el señor JUAN MANUEL LEGUIZA (DNI 18.242.947), ambos en ejercicio de la patria potestad de su hijo Jonathan Juan Emanuel Leguiza (DNI 38.905.291), contra la Resolución Ministerial Nº 534 de fecha 25 de marzo de 2014.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, hágase saber y archívese.

S/C 29217 Ag. 20

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SUBSECRETARIA DE CONTRATACIONES

Y GESTIÓN DE BIENES

RESOLUCIÓN Nº 307

SANTA FE, Cuna de la Constitución Nacional, 13/08/2019

VISTO:

El expediente N.º 00306-0010354-8 del Registro del Sistema de Información de Expedientes a través del cual se gestiona la aprobación de los requisitos, nuevas modalidades y plazos para efectuar la inscripción, renovación de inscripción o modificación de datos en el Registro Único de Proveedores y Contratistas; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 142º de la Ley Nº 12510, establece que para poder contratar con el Sector Público Provincial No Financiero es necesario estar inscripto en el Registro Único de Proveedores y Contratistas, debiendo cumplimentarse con la reglamentación establecida a tal efecto, pudiendo no obstante presentar ofertas las personas humanas o jurídicas no inscriptas en el mismo, implicando la sola presentación, solicitud tácita de inscripción;

Que por su parte, el Decreto Nº 1104/16 reglamentario del Título III, Capitulo I de la Ley Nº 12.510; determinó que los oferentes no inscriptos deberán cumplir con los requisitos exigidos en la reglamentación vigente para su inscripción en dicho registro con anterioridad a la fecha de adjudicación;

Que en fecha 26 de febrero de 2019 mediante Resolución N° 81/19 dictada por esta Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes se estableció el procedimiento a seguir para la inscripción o renovación de las mismas en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia , con posterioridad a la misma se emite Resolución N.º 254 de fecha 04 de julio de 2019 que deja sin efecto las inscripciones y renovaciones ante el RUPC por el sistema de Gestión Única de Proveedores (GUP) a través de Trámites de Distancia (TAD) y el Portal de Santa Fe Compras, e indica que se establecerá un nuevo procedimiento de inscripción

Que como consecuencia de lo indicado precedentemente, resulta necesario establecer nuevos requisitos, modalidades y plazos de inscripción/renovación de proveedores en el Registro Único de Proveedores y Contratistas;

Que las áreas técnicas y jurídicas de esta Subsecretaría, de acuerdo a su incumbencia han intervenido emitiendo opinión de la presente gestión, no formulando observaciones a la misma;

Que la presente se dicta en uso de las facultades emergentes de los Decretos N° 1104/16, 2479/09 y 3720/17;

POR ELLO,

EL SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES Y GESTIÓN DE BIENES

RESUELVE:

Artículo 1: Déjese sin efecto la Resolución Nº 81 de fecha 26 de febrero de 2019 de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes.

Artículo 2: Apruébese el procedimiento para la inscripción/renovación de personas humanas en el Registro Único de Proveedores y Contratistas, detallado en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente norma.

Artículo 3: Apruébese el procedimiento para la inscripción/renovación de personas jurídicas en el Registro Único de Proveedores y Contratistas, detallado en el ANEXO Il que forma parte integrante de la presente norma.

Artículo 4: Apruébese el procedimiento para la inscripción/renovación de Uniones Transitorias (UT) en el Registro Único de Proveedores y Contratistas, detallado en el ANEXO Ill que forma parte integrante de la presente norma.

Artículo 5: Apruébese la modalidad de “TRÁMITE URGENTE” cuyo procedimiento se encuentra detallado en el ANEXO lV, que forma parte integrante de la presente norma.

Artículo 6: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ANEXO I

PERSONAS HUMANAS – INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN

PROCEDIMIENTO:

Canal de acceso:

La página web del Gobierno Provincial (www.santafe.gov.ar) o el sitio de Internet que en el futuro la reemplace, será el único medio a través del cual los interesados podrán registrarse, completar, verificar e imprimir la solicitud de inscripción, renovación o modificación de datos de Proveedores, las cuales deberán ser presentadas en la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, pudiendo así también obtener por el mismo medio la Constancia de Inscripción a partir de su efectiva aprobación como Proveedor de la Provincia y consultar datos del mencionado Registro.

Plazos:

El interesado dispondrá de cuarenta y cinco (45) días corridos, a partir de la recepción de la notificación correspondiente, para presentar la documentación que haya omitido para su inscripción, renovación de inscripción o modificación de datos.

La Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes procederá a la aceptación o rechazo de la solicitud de inscripción, renovación de inscripción o modificación de datos del interesado, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la presentación total de la solicitud y de la documentación requerida para tales efectos. Dicho plazo será suspendido en caso de resultar necesario requerir información a otros organismos u áreas y hasta tanto estos se expidan.

En caso de rechazo de la solicitud de inscripción o renovación de inscripción, el interesado podrá solicitar el reintegro de la solicitud y documentación presentada dentro de un plazo máximo de noventa (90) días corridos, a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que así lo disponga.

El Registro Único de Proveedores y Contratistas podrá requerir documentación complementaria, a los fines de ampliar la información que estime necesaria y resulte atinente a la condición de Proveedor.

Vigencia de la inscripción:

La inscripción o renovación de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas tendrá una validez de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de la Resolución que la otorgó, pudiendo la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes ampliar o disminuir dicho plazo.

La falta de renovación de inscripción como proveedor implicará la pérdida de la vigencia de su condición de tal, y derechos que conlleva dicho carácter.

Notificaciones:

A los fines del trámite de inscripción/renovación de inscripción o modificación de datos en el Registro Único de Proveedores y Contratistas, se utilizará el correo electrónico como medio de notificación. Las mismas serán enviadas a la dirección de e-mail consignada en el formulario respectivo.

Documentación a adjuntar- Inscripción

Nota de presentación, indicando la documentación que se acompaña.

Formulario de Solicitud de Inscripción. El mismo se obtiene ingresando a través del portal de compras de la provincia: www.santafe.gob.ar/compras – SISTEMA DE PROVEEDORES – ACCESO DE PROVEEDORES.

Constancia de inscripción emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que acredite la situación fiscal que reviste, frente a impuestos y regímenes a cargo de dicho organismo.

Libre Deuda establecido por Ley 17250 con acuse de presentación web. La misma se obtiene con clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 17250 – Formulario 522/A”. La fecha de presentación debe ser de los treinta (30) días corridos anteriores a la solicitud de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas. Dicha constancia será válida durante la vigencia de inscripción otorgada por el RUPC.

Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos o en Convenio Multilateral, según corresponda, si esta radicada en la provincia de Santa Fe.

Constancia de inscripción en Convenio Multilateral, si esta radicada en otra provincia que no sea Santa Fe. Si a la fecha de presentar la solicitud de inscripción en el Registro Unico de Proveedores y Contratistas de la Provincia, no ha operado comercialmente en el ámbito de la provincia de Santa Fe y no se encuentra inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ante dicha jurisdicción, deberá manifestar mediante Nota en carácter de Declaración Jurada dicha situación, debiendo además incorporarse a dicha Nota, el compromiso de iniciar el trámite de inscripción en Convenio Multilateral - provincia de Santa Fe, dentro de los treinta (30) días corridos siguientes al de la solicitud de inscripción ante el Registro.

Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de Impuestos (API). La misma se obtiene con clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio API “Solicitud de Constancia de Cumplimiento Fiscal”.

Copia certificada del poder otorgado ante Escribano Público, en el caso de que la persona física tenga apoderado/s. Los ejemplares deberán estar certificados por Escribano Público o la oficina de certificaciones del Poder Judicial.

Estado de Situación Patrimonial, en el cual se expongan los activos y pasivos con los que cuenta la firma para desarrollar su actividad de la persona física o explotación unipersonal, actualizado, acompañado con Dictamen de Contador Público Nacional, con certificación de la firma profesional por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo. Asimismo, además de la firma del Contador Público Nacional certificante, deberá encontrarse firmado por el titular de la empresa. El ejemplar puede presentarse en original o copia certificada ante Escribana Público o la Oficina de Certificaciones del Poder Judicial.

Nota a través de la cual se autoriza a la Tesorería General de la Provincia o Tesorerías ministeriales a acreditar los pagos que hubieran a favor de la persona física o explotación unipersonal, en la cuenta bancaria que ésta posea. A tal fin, deberá acompañar a esta nota una constancia emitida por la Entidad Bancaria correspondiente.

Original o copia certificada del Certificado Negativo emitido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, en el que conste que el titular no se encuentra incluido en dicho Registro.

Comprobante ORIGINAL de la constancia de Pago de la Tasa Retributiva de Servicios por un valor equivalente a pesos doscientos setenta ($ 270,00), o el que la Ley Impositiva de la Provincia de Santa Fe T.O. Ley 3.650 y sus modificatorias determine a tal fin.

Copia certificada de la Constancia de Habilitación Municipal o Comunal de la firma.

Documentación/Habilitaciones especiales:

Empresas postales y de telecomunicaciones: Copia certificada de la constancia o certificado de inscripción vigente emitida por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Dicha constancia deberá ser emitida dentro de los treinta (30) días corridos anteriores a la solicitud de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas.

Agencias privadas de información, vigilancia o seguridad: Copia certificada de la constancia o certificado de autorización para el funcionamiento y establecimiento, otorgada por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Dicha constancia deberá ser emitida dentro de los treinta (30) días corridos anteriores a la solicitud de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas.

Laboratorios que fabriquen medicamentos de uso humano o veterinario: Copia certificada de la habilitación otorgada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Droguerías que distribuyan medicamentos de uso humano o veterinario: Copia certificada de la habilitación otorgada por la Autoridad Sanitaria correspondiente a la Jurisdicción de origen.

Plantas elaboradoras y/o distribuidoras de productos alimenticios en general: Copia certificada de la habilitación del establecimiento y del producto, según corresponda, otorgada por el SENASA y la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional competente.

Frigoríficos: Copia certificada de la habilitación otorgada por el SENASA y/o la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional competente.

Empresas de Transportes de Pasajeros: Copia certificada del Carnet del Conductor vigente de quien/es presta el servicio y copia certificada de la Habilitación otorgada por la Dirección de Transporte Provincial, si corresponde por el tipo de prestación.

Profesionales o Técnicos: Copia certificada del título habilitante y matrícula profesional.

Empresas Constructoras: Constancia de inscripción vigente en Instituto de Estadística y Registro de la Construcción (IERIC).

Empresas Consecionarias de Automotores: Constancia de inscripción vigente como Comerciante Habitualista – Formulario F85 y F86.

Entidades Cooperativas: Original o copia certificada del Certificado de Subsistencia emitido por la Subsecretaría de Asociativismo, Promoción de la Empresarialidad y Trabajo Decente del Ministerio de la Producción de Santa Fe u organismo correspondiente.

Agencias de tratamiento de Residuos Patológicos: Copia certificada de la Habilitación extendida por la Secretaría de Medio Ambiente dependiente del Ministerio de Infraestructura y Transporte o, en caso de empresas radicadas en otra jurisdicción, copia certificada de la Habilitación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Prestadores de servicios de Salud: Copia certificada de la Habilitación del Colegio de Médicos correspondiente.

Servicio de traslado en ambulancia: Copia certificada de la Habilitación del Colegio de Médicos correspondiente.

Servicio de taxi aéreo: Copia certificada del Certificado de Exportador de Servicios Aéreos (CESA) emitido por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Comercialización de armas y elementos para las fuerzas de seguridad: Copia certificada de la Habilitación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) vigente.

Compañías aseguradoras: Habilitación de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Toda otra habilitación especial requerida de acuerdo a la actividad.

Documentación a adjuntar- Renovación de inscripción

1. Nota de presentación, indicando la documentación que se acompaña.

2. Formulario de Solicitud de Renovación. El mismo se obtiene ingresando a través del portal de compras de la provincia: www.santafe.gob.ar/compras – SISTEMA DE PROVEEDORES – ACCESO DE PROVEEDORES.

3. Constancia de inscripción emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que acredite la situación fiscal que reviste, frente a impuestos y regímenes a cargo de dicho organismo.

4. Libre Deuda establecido por Ley 17250 con acuse de presentación web. La misma se obtiene con clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 17250 – Formulario 522/A”. La fecha de presentación debe ser de los treinta (30) días corridos anteriores a la solicitud de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas. Dicha constancia será válida durante la vigencia de inscripción otorgada por el RUPC.

5. Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos o en Convenio Multilateral, según corresponda, si esta radicada en la provincia de Santa Fe.

6. Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de Impuestos (API). La misma se obtiene con clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio API “Solicitud de Constancia de Cumplimiento Fiscal”.

7. Copia certificada del poder otorgado/revocado ante Escribano Público, en el caso de otorgar nuevos mandatos o revocar los ya existentes. Los ejemplares deberán estar certificados por Escribano Público o la Oficina de Certificaciones del Poder Judicial.

8. Copia de la última Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias presentada ante la AFIP, firmada por el titular de la firma. El presente requisito no será aplicable cuando se trate de una empresa inscripta en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

9. Original o copia certificada del Certificado Negativo emitido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, en el que conste que el titular no se encuentra incluido en dicho Registro.

10. Comprobante ORIGINAL de la constancia de Pago de la Tasa Retributiva de Servicios por un valor equivalente a pesos doscientos setenta ($ 270,00), o el que la Ley Impositiva de la Provincia de Santa Fe T.O. Ley 3.650 y sus modificatorias determine a tal fin.

11. Copia certificada de la Constancia de Habilitación Municipal o Comunal de la firma.